miércoles, 22 de abril de 2009

El Informe Auken desgrana la especulación inmobiliaria en España

Uno de los mayores problemas ambientales de nuestro país -y de otros muchos- es la especulación urbanística. Por ello cobra especial importancia la votación que se ha realizado este jueves en el Parlamento Europeo. Los eurodiputados han aprobado por mayoría un informe redactado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken que cuestiona el “frenesí urbanizador” en España y el modelo económico sobre el que se basa este. El análisis que hace Auken es muy crítico con el urbanismo masivo y la especulación inmobiliaria en España. Para llevarlo a cabo ha sido decisiva la concurrencia de decenas de miles de personas, de plataformas ciudadanas comprometidas y de grupos de vecinos afectados por todo el territorio que el informe plasma con todas sus aportaciones.

El PP y el PSOE han presionando juntos contra de la aprobación del Informe Auken. Como explica el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein:

aunque la planificación territorial no es competencia de la Unión Europea, sí lo es la evaluación ambiental, la contratación pública, la libre competencia, el blanqueo de capitales, el agua o la protección de los hábitat naturales. Todas estas son áreas de legislación europea que afectan de lleno al urbanismo. Muchas personas han acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de diferentes normativas de la ley y el derecho comunitario. Como digo, las peticiones ciudadanas firmadas por miles de españoles europeos son las que han servido de base para la elaboración del Informe Auken”.

El Informe Auken enviará un claro mensaje político y jurídico a la sociedad y a las instituciones y gobiernos, tanto a las instituciones españolas como a las europeas, para que se actúe con fuerza y legitimidad contra la borrachera urbanística que ha sufrido España durante los últimos años, y que además resulta ser una de las causas principales de la dura crisis económica que sufrimos. Habrán de tomar buena nota del mismo los ayuntamientos, los juzgados, los gobernantes, los legisladores, y hasta la misma Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia.

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