Quizás recuerden el impresionante mea culpa de Robert McNamara, pronunciado un cuarto de siglo después de que su política en la Guerra de Vietnam produjese la muerte de unos 50.000 estadounidenses (y de un número mucho más espantoso de vietnamitas) durante la terrible guerra. En sus memorias de 1995, aquel hombre frío y calculador, ministro de Defensa de Kennedy y Johnson, confesaba con mucho retraso que él, y otros altos responsables, sabían desde hacía mucho tiempo que la guerra estaba perdida, y que ideológicamente era una equivocación. “Estábamos equivocados”, escribía, casi con lágrimas en los ojos pidiendo perdón públicamente. “Estábamos terriblemente equivocados”.
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Es cierto, lo estaban, de la misma manera que lo están hoy los dirigentes actuales (desde la Casa Blanca a casi todos los gobiernos locales), que nos mantienen inmersos en la más larga, costosa e inútil guerra de la historia estadounidense: la guerra contra las drogas. Tal como ha afirmado uno de los más inflexibles adversarios de la actual locura: “No puedo evitar preguntarme cuántas vidas más, y cuánto dinero se desperdiciará antes de que otro Robert McNamara admita algo tan evidente: la guerra contra las drogas es un fracaso. Los estadounidenses están pagando un precio muy alto en vidas y libertad por el fracaso de esa guerra, respecto a la cual nuestros dirigentes han perdido cualquier atisbo de sensatez”.
Quien se expresa así no es un ex hippie “colocado”, envuelto en el humo de la hierba, sino el “Tío Walter”, el icono periodístico Walter Cronkite, pidiendo a principios de este año una nueva política estadounidense sobre las drogas que sea verdaderamente sensata.
La guerra contra las drogas está plagada de importantes errores y absurdos, entre los que se encuentran la aparición de un enorme y letal estado de narcotraficantes en México, basado en la demanda de los consumidores estadounidenses de drogas, prohibidas por nuestro gobierno; el Plan Colombia, una operación militar estadounidense secreta que cuesta miles de millones de dólares, puesta en marcha por Bill Clinton en 2000 para erradicar la producción de coca en aquel país, y cuya producción en la actualidad es un 15% superior que la anterior al lanzamiento del Plan; la racista y esencialmente injusta discriminación de las penas, establecidas por los legisladores en los años 1980, entre los consumidores de droga dura (en su mayoría, negros) y los esnifadores ( blancos mayoritariamente); y la ridícula prohibición de nuestras puritanas autoridades federales de que los agricultores puedan cultivar cáñamo, un cultivo tradicional, beneficioso, rentable y sostenible (véase Lowdown, mayo de 1999.)
Aquí nos vamos a centrar en una parte concreta de la locura política que ha afectado a nuestro país desde hace cerca de 100 años, impuesta por demagogos políticos, departamentos de policía agresivos, predicadores incendiarios, magnates de los medios difusores del miedo, auto proclamados moralistas y demás caterva de ignorantes y arrogantes. Gracias a ellos, Estados Unidos está sumido, y asume, esta guerra contra las malas hierbas. La marihuana es el enemigo pero, tras un siglo de lucha, el porro está ganando.
Un doloroso precio
En 1914, el magnate William Randolph Hearst montó una cruzada de periodismo amarillo para satanizar todo tipo de plantas del cannabis. ¿Por qué? Por supuesto, para vender más periódicos, pero también porque había invertido en pulpa de madera para papel de periódicos y quería acabar con la competencia del papel fabricado con una especie de cáñamo, primo lejano de la marihuana que produce euforia. Hearst se limitó a asociar la marihuana y el cáñamo como si fueran productos diabólicos, y no le importó generar el pánico respecto a cualquier tipo de cannabis. Como se informaba en el número de agosto de la revista Mother Jones, los periódicos de Hearst publicaron artículos sobre “negros que fumaban porros, violaban a mujeres blancas y hacían música de jazz en ceremonias de ‘satánicos vudúes’”.
En realidad, en aquella época, la marihuana era muy desconocida y poco consumida en Estados Unidos, pero su exótico nombre y su rareza la convirtieron en un objetivo fácil para los traficantes del miedo. La segunda ola de demonización se produjo en 1936, con el estreno de una película clásica sobre la explotación, Reefer Madness. Producida originalmente por un grupo religioso con el fin de alertar a los padres de la necesidad de controlar a sus hijos e impedirles fumar marihuana: un horror que, tal como se mostraba en la película, podía llevar a los muchachos a violar, matar, a la locura y el suicidio.
Entonces, el Congreso entusiásticamente se subió al carro de la política contra la marihuana y aprobó una ley que prohibía la producción, venta y consumo de la marihuana. Firmada por F.D. Roosevelt el 2 de agosto de 1937, esta prohibición federal sigue vigente en la actualidad. Aunque ha sido tan ineficaz como la Ley Seca (el experimento que durante los años 1919-1993 intentó que la gente no consumiera “bebidas alcohólicas”), la prohibición continúa, a pesar de su enorme coste y su asombrosa destructividad. Veamos alguno pocos hechos sobre la guerra de Estados Unidos contra el porro:
- Desvía a centenares de miles de agentes de policía- incluidos agentes de la policía local y estatal, FBI, Departamento de Persecución de la Droga, jefes de policía, Servicios secretos, patrullas fronterizas, Aduanas y Servicio de Correos-, de la investigación de graves delitos para perseguir a inofensivos fumadores de porros.
- Incluso según los cálculos más conservadores, el gasto que supone para los contribuyentes llega en la actualidad a los 10.000 millones de dólares anuales, sólo en costes directos, dedicados a la captura, procesamiento y encarcelamiento de consumidores y vendedores de marihuana, sin contar los costes indirectos que ocasiona la militarización de nuestra frontera con México en un intento desesperado de impedir la importación de marihuana.
- Los agentes de policía de todos los niveles pisotean nuestros derechos constitucionales en su afán de atrapar a los consumidores mediante registros ilegales en coches, escuchas telefónicas, interceptación de correos electrónicos, búsquedas en los cubos de basuras y echando abajo puertas en sus redadas nocturnas.
- Incluso a gentes simplemente sospechosas de consumir marihuana, sin cargos pendientes, la policía puede ( y regularmente lo hace) confiscarles el coche, dinero, ordenadores y otras pertenencias. En una clara violación de los principios legales estadounidenses, son los sospechosos quienes tienen que demostrar que sus objetos personales son “inocentes” de cualquier delito.
- La gente condenada por posesión de una sola onza de marihuana puede enfrentarse a penas mínimas de un año de cárcel, y el hecho de cultivar una planta en el jardín es considerado delito federal.
- 41.000 estadounidenses están en cárceles federales o estatales sólo por delitos relacionados con la marihuana, sin contar con las personas recluidas en prisiones municipales y de distrito.
- El 89% de todos los arrestos debidos a la marihuana son por simple posesión de hierba y no por producirla o venderla.
En septiembre, el siempre vigilante y activo senador Russ Feingold reveló que el ministerio de Justicia estaba pervirtiendo la aplicación de una cláusula de la infame Patriot Act de 2001, utilizándola para casos sin relación con el terrorismo. Las órdenes de investigar secretamente (basadas en la cláusula que permite a los agentes de policía irrumpir en una casa o en propiedades privadas y buscar en locales sin conocimiento de sus propietarios) se supone que estaban reservadas para registros extraordinarios sobre actividades sospechosas de terrorismo. Sin embargo, Feingold descubrió que el año pasado, de las 763 peticiones del ministerio de Justicia para llevar a cabo ese tipo de registros, sólo tres estaban relacionadas con el terrorismo, mientras el 65 % de los registros secretos se habían llevado a cabo en las investigaciones de la guerra contra las drogas, entre ellas la persecución de los “delincuentes” de la marihuana.
¿Es efectiva la guerra?
Golpearse uno mismo en la cabeza con un martillo una vez puede ser considerado una experiencia. Hacerlo dos veces, sería estúpido, pero hacerlo una y otra vez es una locura.
La guerra contra la marihuana es una locura, ya que nuestros funcionarios siguen malgastando el dinero de los contribuyentes, sacrificando vidas, libertades civiles y su propia credibilidad en una empresa “terriblemente equivocada” e inútil. Durante décadas nos han estado machacando con prohibiciones cada vez más duras y represivas pero la disponibilidad de marihuana y su consumo siguen aumentando en lugar de disminuir.
La encuesta de 2008 sobre el consumo de drogas del departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, en sus siglas inglesas) demuestra que la marihuana está muy extendida entre millones de estadounidenses. De los encuestados, el 41% reconoce haberla consumido en alguna época de su vida, el 10% lo hizo el año pasado y un 6% la consume habitualmente. Estas cifras reflejan muy a la baja el consumo real de marihuana, ya que la encuesta, la realizaron funcionarios federales del departamento de Salud, por el sistema puerta a puerta de entrevistas personales. De hecho, preguntaban: “¿Consume drogas ilegales, una actividad que viola las leyes federales y está castigada con importantes penas de prisión?” Muchos mintieron.
Bien, según los terribles guerreros de Washington contra la droga, se trata de proteger a la juventud estadounidense, y disuadirla de los males producidos por el chocolate. Que tengan éxito. Pero pregunten a cualquier adolescente, y verán que la marihuana es fácilmente asequible para ellos: en una encuesta de 2005, el 85% de los alumnos mayores de los institutos de secundaria afirmaba que “era fácil conseguirla”. Porque los muchachos no precisan de un documento de identidad para conseguir una onza de marihuana, mucho más fácil de adquirir que conseguir alcohol, que sí es una droga regulada. El año pasado, la encuesta de consumo del HHS revelaba que el 15% de los chicos entre 14-15 años había fumado porros, de la misma manera que el 31% de los comprendidos entre los 17-17 años. A los 20 años, el 45% de los adolescentes ha probado la marihuana.
Tras la inversión de 1.400 millones en una campaña publicitaria promovida por el gobierno Bush, un estudio reveló que la campaña había tenía el efecto contrario ya que aumentó por vez primera el consumo entre los adolescentes de 14 a 16 años, pero la Casa Blanca hizo caso silenció el estudio y siguió financiando más campañas.
Una de las enseñanzas de la guerra contra el porro es que ha revelado la profunda estupidez de los más altos responsables de la campaña. La primera cita se refiere a Nixon, quien fue el primero en acuñar la frase “guerra contra las drogas”y puso muy alto el récord de incompetencia, algo que no impidió a otros responsables políticos tratar de superarlo. Uno de los competidores fue John “MadDog” Aschcroft, fiscal general de George W. Bush. El 24 de febrero de 2003, a las 6 de la madrugada, un grupo de agentes federales irrumpió en las viviendas de tres pequeños empresarios de California, dueños de empresas de fabricación artesana de vidrio. ¿La acusación? Conspiración para la venta de utensilios para las drogas. Entre sus productos artesanales fabricaban pipas de cristal que- ¡horror!- podían servir para fumar marihuana. Tres docenas de fabricantes de vidrio fueron detenidos ese día en una redada realizada en todo el país, que los federales denominaron Operation Pipe Dreams. Increíble, pero cierto. El propio Aschroft, en uno tono semejante al de alguien que se ha fumado un porro, declaraba que en Estados Unidos “se había disparado la industria de utensilios para las drogas ilegales”.
Los partidarios de prohibir la marihuana han producido un absurdo tras otro, fracaso tras fracaso, pero a ninguno de ellos se les ha pedido responsabilidades. Se les ha permitido perpetuar sus políticas mediante una mezcla de dinero, mitos e intimidación política.
Dinero
De la misma manera que con las industrias bélicas, la clase dirigente partidaria de la prohibición ha llevado a cabo un rápido traspaso de dinero de los contribuyentes a los distritos electorales de los congresistas, creando apoyos locales de base relacionados con la libre disposición de dinero. Pocos jefes de policía, directores de escuelas, o responsables municipales quieren renunciar a su parte del pastel, incluso aunque admitan en privado que años de recibir fondos no les ha ayudado a conseguir la victoria. Irónicamente, la falta de resultados sirve para pedir más dinero.
Mitos
Durante años, los anti-porro han difundido leyendas terribles( es decir, mentiras) entre la cultura popular para satanizar el producto- entre otras, la sensacionalista afirmación de que la marihuana es más adictiva que los cigarrillos, causa cáncer de pulmón, lleva a sus consumidores a la heroína, produce esquizofrenia y hace que se caigan los dientes. Semejantes afirmaciones son absurdas y han sido refutadas contundentemente por estudios científicos independientes, pero los media raras veces informan de estas verdades objetivas.
Si bien es cierto que no se puede decir que la marihuana sea completamente inofensiva- ¿qué producto lo es?- no es el peligroso fantasma que se dice ser. Tal como concluía un estudio en 2002: “El consumo alto de cannabis no está asociado con graves problemas de salud para los individuos o para la sociedad”. En realidad, es mucho menor que los peligros para la salud del alcohol, y sin embargo nadie propone destruir las cervecerías o encarcelar a la gente que bebe martinis.
Intimidación
Dejando de lado la verdad, los prohibicionistas han sido capaces de intimidar a la mayoría de los políticos reformistas mediante la simple amenaza de considerarlos débiles frente a las drogas. Bien, dicen los potenciales reformistas, es una vergüenza que decenas de miles de estadounidenses que no han hecho daño alguno estén en las cárceles, y que nuestro dinero y libertades se malgasten en esta estúpida guerra contra las drogas, pero no tengo por qué asumir el desgaste de oponerme a ello. Y así nuestro país sigue con una política mucho más dañina que pueda serlo la propia marihuana.
Se avecina el cambio
En mayo, recibí un mensaje electrónico de un estudiante de 20 años de la Universidad de Michigan, en el que presentaba este conciso y convincente argumento contra la prohibición de la marihuana: “ Si el Gobierno confía en que la gente consuma alcohol responsablemente, resulta imbécil aceptar que los ciudadanos se comporten de forma irresponsable en el consumo de cannabis. La marihuana no la consumen sólo los hippies; la consumen también médicos, escritores, abogados, músicos, estudiantes universitarios e incluso presidentes”.
Tiene razón. Y parece que al fin las actitudes públicas están evolucionando desde una estricta, autoritaria y moralmente piadosa condena, del tipo la locura del porro, hacia una aceptación racional, constructiva y controlada como la que subyace en la actitud de este estudiante.
Iconos conservadores como Milton Friedman, William F. Buckley Jr. y George Schultz han sido defensores acérrimos de un replanteamiento de la prohibición del porro. El alcalde de Nueva York, el gobernador de California y un número cada vez mayor de políticos del interior ya no se asustan ante la idea de confesar que consumieron marihuana. Asimismo, nuestros tres últimos presidentes electos fumaron porros en su juventud. (Al admitir que habían consumido hierba, ha habido un progreso desde el ambiguo Clinton: “Nunca la inhalé” a la ingenuidad de Obama “Yo sí lo hice. Eso es lo que importa”.)
En varios programas de televisión, incluido el muy aplaudido “Mad Men”, se representa a personajes que consumen porros con la misma naturalidad que quienes beben vino. Uno de ellos, con el elocuente título de “Hierbas”, trata de una madre del extrarradio que distribuye porros. Y otro de los indicadores de los cambios en las costumbres imperantes respecto a la marihuana es la aceptación de “Stiletto stoners”[Zapatos de tacón de pedrería]. Presentado en “Today Show” y en las revistas más populares, trata sobre mujeres profesionales de éxito que prefieren relajarse al terminar la jornada con un porro en lugar de ver Cosmopolitan.
Las encuestas públicas reflejan también este cambio en las actitudes: el 55% afirma que tener marihuana para consumo personal no debería ser delito (Gallup, 2005); el 78 % está de acuerdo con su uso terapéutico (Gallup, 2005); el 51% considera el alcohol mucho más peligroso que la marihuana y sólo el 19% cree lo contrario (Rasmussen, agosto de 2009); más del 76% dice que la guerra contra las drogas es un fracaso (Zogby, 2008); y el 52% se inclina porque la marihuana sea legalizada, pague impuestos y esté regulada- mientras sólo el 27% está en contra (Zogby, mayo de 2009). De la misma manera que están cambiando las actitudes, lo están haciendo las leyes represivas. Presionados por activistas de base ( y por una lógica elemental), gobiernos estatales y locales han empezado a dar pasos adelante respecto a la guerra contra la marihuana. Desde 1996, 13 Estados- de Rhode Island a Alaska- han aprobado leyes (muchas por mayoría en votaciones por iniciativa popular) que permiten el cultivo y distribución de la marihuana bajo prescripción médica para fines terapéuticos.
En los últimos tiempos, una iniciativa para despenalizar la simple posesión de marihuana – propone que se imponga una pequeña multa como ocurre con las infracciones de tráfico- pero que se considere delito. La posesión de marihuana está despenalizada ya en 13 Estados: Alaska, California, Colorado, Maine, Massachussets, Minnesota, Mississippi (¡), Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Oregón.
Otros cambios se han producido mediante iniciativas aprobadas en Albany, Denver, Missoula, Seattle y el Estado de Oregón en las que se ordena a la policía no tener entre sus prioridades la persecución de la posesión de chocolate y su consumo público. Los reformistas están teniendo éxito en Louisiana, Michigan; Nueva York y el Estado de Washington para reducir las graves condenas establecidas por el consumo de marihuana.
El último movimiento va dirigido a conseguir su legalización total. La idea es clara: tratar la marihuana de la misma manera que la bebida- es decir, que su producción, venta y consumo sean actividades legales, reguladas y con impuestos.
Este planteamiento resulta particularmente atractivo para los ayuntamientos y estados asfixiados por la falta de dinero, que siguen despilfarrando miles de millones de dinero de los contribuyentes para vigilar, detener, procesar y encarcelar a los cárteles de la marihuana, camellos, productores y consumidores. Una reforma de la legislación sobre los porros, haría que los funcionarios obtuvieran grandes beneficios y acabaran con la violencia del mercado negro del chocolate al legalizarlo y convertirlo en una fuente de ingresos fiscales. La marihuana es, sobre todo, un gran negocio. El Departamento Nacional de Vigilancia de las Drogas asegura que los estadounidenses se gastan 9.000 millones de dólares anuales en chocolate proveniente de los cárteles mexicanos, otros 10.000 millones del contrabando procedente de Canadá y 39.000 millones en la marihuana suministrada por traficantes estadounidenses.
El ministerio de Agricultura estadounidense no le da mucha difusión pero la marihuana es la mayor de las cosechas de Estados Unidos, y alcanza el valor del maíz y el trigo juntos. En 2005, un estudio del economista de Harvard, Jeffrey Miron, llegó a la conclusión de que la legalización supondría un ahorro de 7.700 millones de dólares anuales para los contribuyentes locales, estatales y federales sólo en policías, y produciría unos ingresos fiscales de 6.200 millones de dólares. Estas cifras han llamado la atención de gentes como el gobernador de California, Arnold Schwarzeneger, quien ha declarado que la legalización debería estudiarse seriamente.
Con la opinión pública, los ayuntamientos y los Estados movilizados, incluso Washington tendrá que despertar y captar la humareda reveladora del cambio que le llega de todo el país. Desde el presidente Obama al congresista disidente Ron Paul, existen al menos debates sobre la reforma que provienen de la capital, y es previsible que esos debates se intensifiquen cuando los altos responsables se den cuenta de que no se trata solo de una exigencia de cambio planteada por Cheech & Chong [N.T.: Dúo humorístico que utilizaba en sus espectáculos y películas el consumo de porros.].
Para terminar, dejamos que cierren este número de Lowdown las palabras del congresista Barney Frank, que promueve un proyecto de ley para despenalizar la posesión de marihuana: “Creo que ha llegado el momento de que los políticos se pongan a la altura de los ciudadanos. La idea de que se encarcele a la gente por fumar porros es bastante estúpida”.
Jim Hightower es comentarista de radio, escritor, conferenciante y autor de un reciente libro, “Swin Againts the Current: Even a Dead Fish Can Go With the Flow (Wiley , marzo 2008) [Nadar contra corriente: Incluso los peces muertos se dejan llevar por ella] Publica la revista mensual Hightower Lowdon, coeditada con Phillip Frazer.
Hightower London. Alternet, 23 de noviembre de 2009
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