La existencia de grupos terroristas en diversos países, entre ellos España, proporciona al poder una gran excusa para invertir grandes cantidades de dinero público en la supuesta lucha contra el terrorismo, un dineo perteneciente a todos los ciudadanos y ciudadanas y que acaba convertido en sueldos multimillonarios, para los supuestos expertos antiterroristas, y sirve para pagar a empresas de seguridad privada (como la de Jaime Mayor Oreja, del PP y las de otras personas cercanas al gobierno de turno), las cuales proporcionan al Estado guardaespaldas y otros medios de seguridad.
Además, en aras de la lucha contra el terrorismo, el Estado endurece las leyes represivas (un ejemplo es la ley de partidos) y las medidas de control de la ciudadanía (cámaras de vídeovigilancia en cada esquina, escaners en los aeropuertos, etc).
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