Euforia, abrazos y felicidad de los grandes empresarios de este país con el gobierno (en la foto, Zapatero y Florentino), tras el anuncio del Gobierno de destinar 17.000 millones de euros al sector. Las cámaras captaron lo contentos que estaban estos benefactores de la patria.
Los poderes político, financiero y de la construcción se citaron ayer en la madrileña estación de Chamartín, con las tres partes visiblemente satisfechas, para lanzar uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno destinado a combatir la recta final de la crisis: un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que supone una inversión de 17.000 millones de euros, con el que se pretende crear y mantener hasta 400.000 empleos, y en el que el sector privado, en un primer momento, correrá con todos los gastos. Para que no afecte a la disminución del déficit público en los próximos tres años y medio, el Estado no comenzará a devolver la cantidad hasta el 2014, cuando ya se hayan finalizado y puesto en servicio las obras en ferrocarriles y carreteras –que por el momento todavía no se han concretado–, y lo hará a través de un canon que pagará durante un periodo de entre 25 y 30 años.
«El coste lo asumirán solidariamente las geneaciones que van a disfrutar de esas infraestructuras. La solución no es nueva, pero está altamente perfeccionada», dijo el ministro de Fomento, José Blanco.
La solución, a grandes rasgos, es esta: las compañías concesionarias correrán con al menos el 20% de la inversión inicial; el resto será sufragado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Dentro de tres años y medio, en el 2014, Fomento destinará un 8% de su presupuesto para proyectos ferroviarios y viales a pagar durante un plazo de hasta tres décadas esos 17.000 millones, una cantidad algo más alta de la que se había barajado en un principio.
Fuente: elperiodicio.com
Los poderes político, financiero y de la construcción se citaron ayer en la madrileña estación de Chamartín, con las tres partes visiblemente satisfechas, para lanzar uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno destinado a combatir la recta final de la crisis: un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que supone una inversión de 17.000 millones de euros, con el que se pretende crear y mantener hasta 400.000 empleos, y en el que el sector privado, en un primer momento, correrá con todos los gastos. Para que no afecte a la disminución del déficit público en los próximos tres años y medio, el Estado no comenzará a devolver la cantidad hasta el 2014, cuando ya se hayan finalizado y puesto en servicio las obras en ferrocarriles y carreteras –que por el momento todavía no se han concretado–, y lo hará a través de un canon que pagará durante un periodo de entre 25 y 30 años.
«El coste lo asumirán solidariamente las geneaciones que van a disfrutar de esas infraestructuras. La solución no es nueva, pero está altamente perfeccionada», dijo el ministro de Fomento, José Blanco.
La solución, a grandes rasgos, es esta: las compañías concesionarias correrán con al menos el 20% de la inversión inicial; el resto será sufragado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Dentro de tres años y medio, en el 2014, Fomento destinará un 8% de su presupuesto para proyectos ferroviarios y viales a pagar durante un plazo de hasta tres décadas esos 17.000 millones, una cantidad algo más alta de la que se había barajado en un principio.
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