Roberto R. Ballesteros
LA GACETA
Madrid.- El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza desde 2004 un software fabricado por Ericsson capaz de pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo. El programa permite a la Policía rastrear a una velocidad inédita hasta ahora todo tipo de llamadas. Los agentes tienen acceso a las conversaciones en tiempo real, pero también a datos tan sensibles como la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde llaman, la operadora que utiliza e incluso el tipo de contrato que tienen. El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) consigue esta revolución gracias a estar incardinado en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. “Sitel es la propia centralita”, asegura un experto conocedor de la aplicación que prefiere permanecer en el anonimato.
El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada —que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico—. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas.
Cuando el Ejecutivo socialista llegó al poder, no dudó en trabajar con el innovador software, que proporcionaba descomunales ventajas respecto a lo anterior. Hoy operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel en España, uno en manos de la Policía Nacional, otro en la Guardia Civil y un tercero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informan a LA GACETA fuentes del Ministerio del Interior.
¿Un asunto técnico?
Conocedor de los informes judiciales negativos, el PSOE decidió enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico, por lo que encargó el desarrollo legal al Ministerio de Industria, ignorando los nuevos problemas sobre privacidad y conservación de datos personales. Utilizó el mismo texto abandonado por el Gobierno Aznar y lo incluyó disimulado en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).
Para entonces, Sitel ya llevaba un año funcionando sin marco legal. Así lo denunció el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, en un informe que elevó ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de 2006. Martínez advertía que Sitel había sido utilizado sin cobertura jurídica y que el Reglamento aprobado en 2005 no tenía rango normativo suficiente, ya que la Constitución exige que estos asuntos sean regulados por ley orgánica. Los mismos argumentos fueron utilizados por la Asociación de Internautas en el recurso que interpuso el 29 de junio de 2005 ante el Tribunal Supremo contra el citado Reglamento. El alto tribunal sentenció el 5 de octubre de 2008 que un reglamento no es suficiente para regular el secreto de las comunicaciones, aunque no aclaró si es necesario alcanzar el rango de ley orgánica. Sí deja la puerta abierta a todo el que se sienta perjudicado por una interceptación a que pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional.
La existencia de Sitel cambia el chip sobre el funcionamiento de las escuchas que realiza la Policía. Antes, el juez ordenaba pinchar un teléfono y, acto seguido, los agentes se ponían a trabajar (ver gráfico). Aportaban al magistrado la conversación grabada y éste decidía qué parte tenía interés —y por lo tanto se incluía en el sumario—, y qué parte no lo tenía —y por lo tanto debía ser destruida—. Como entonces las conversaciones se grababan en cintas de casette, no había problemas a la hora de destruir el material. Sin embargo, ahora, con Sitel, no resulta tan sencillo. Los agentes aportan un CD, que luego destruyen si así lo exige el juez, quien no tiene por qué saber que esa grabación permanece en el servidor.
El martes 1 de septiembre, el portavoz de PP, Esteban González Pons, explicó los tres tipos de delito que a su entender debería analizar el juez y que se derivarían del procedimiento explicado. Uno, cuando los policías pinchan un teléfono sin permiso judicial. Dos, cuando lo hacen con permiso judicial, pero no se destruye el material. Y tres, cuando, además de almacenar la conversación, se filtra a los medios. Tras aparecer en El País y la Ser conversaciones de dirigentes del PP, el partido interpuso una denuncia por “revelación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación”.
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Desde que el ‘software espía’ comenzó a operar a mediados del año 2004, no se ha puesto en marcha ningún plan de formación. Jueces y magistrados explican a LA GACETA que no han recibido información ni formación sobre el programa informático.
El Gobierno no ha pedido informe al CGPJ. En la foto, su presidente Carlos Dívar. EFE R. Ballesteros / E. Marín
Durante los cinco años que lleva activo el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel), no ha habido ningún plan para informar a los jueces sobre su funcionamiento. “No sabía de la existencia de Sitel”, declara José Luis Requero, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre septiembre de 2001 y septiembre de 2008. “Tampoco tengo conocimiento sobre plan de formación alguno”, afirmó a LA GACETA. Más rotundo se mostró el también vocal en el mismo periodo Enrique López. “No, no hicimos ningún plan para formar a los jueces sobre esto; de hecho, el Gobierno tampoco pidió un informe al CGPJ antes de aprobar el Reglamento de 2005″ (RD 424/2005) sobre Sitel, que luego se incluyó en la Ley General de las Telecomunicaciones. “Y entiendo que lo que se aborda en el Reglamento tiene entidad suficiente como para que se forme a los jueces”, subrayó. Ambos admiten que habían oído algo sobre Sitel, pero desconocían su funcionamiento.
Ignacio Espinosa, presidente del TSJ de La Rioja y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, admitió a LA GACETA que desconocía la existencia de Sitel. Tampoco sabía nada sobre el software el decano de los jueces de Zaragoza y representante del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado. Ni el juez de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra. “No, no lo conocía, sabía que esto ahora iba por vía digital, pero no que era de este modo”. Ni siquiera el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol: “Vi algo en la prensa hace unos años, pero no lo conocía con precisión”. “Los jueces deberían saber que Sitel existe y cómo está configurado”, añade. De todos los magistrados consultados, tan sólo la juez de instrucción de la Audiencia Provincial de Málaga María Jesús Alarcón asegura que conocía Sitel. “Es una información pública, porque se habla de él en una sentencia del 13 de marzo de 2009 de la sala segunda del Tribunal Supremo”.
La mayoría, por lo tanto, no tiene por qué saber que Sitel puede mantener almacenadas las conversaciones incluso después de que el juez ordene destruirlas. Tampoco que, cuando se da orden judicial, el policía facultado además tiene acceso a una serie de datos más sensibles como la posición geográfica de los que hablan, su identidad, la operadora y el tipo de contrato de cada uno e incluso los lugares por los que han pasado en el último año y la gente con la que han estado.
Se trata de una información que en casi todos los casos atañe a derechos fundamentales de las personas, por lo que —como denunció el teniente fiscal Pedro Martínez en informe elevado al Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en 2006— requeriría de una ley orgánica que lo regulara. “Debería haber una ley orgánica que establezca limitaciones para que el juez pueda interpretarla sin problemas” (Ignacio Espinosa). “El Reglamento aborda aspectos que se refieren a derechos fundamentales y que deberían regularse por ley orgánica” (Enrique López). “Afecta a derechos y requiere una ley orgánica” (González Armengol). “Debe estudiarse la constitucionalidad de esa ley, porque es ordinaria y no orgánica” (Luis González Ramos, catedrático de Derecho Penal de la Uned). “Debería haber una norma con rango de ley orgánica que garantice los derechos” (Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza).
La opinión de los jueces sobre SITEL
Enrique López / ex vocal del CGPJ“Lo que se aborda en el Reglamento tiene entidad suficiente como para que se forme a los jueces”
José Luis Requero / ex vocal del CGPJ
“No sabía de la existencia de Sitel ni de que se haya puesto en marcha plan de formación alguno”
Ignacio Espinosa / Pte. TSJ La Rioja
“Sería necesaria una ley orgánica que establezca las limitaciones para que el juez pueda interpretarla”
José Sierra / juez de instrucción
“No, no conocía Sitel, sabía que esto ahora iba por la vía digital, pero no que era de este modo”
J. Luis Glez. Armengol / juez decano de Madrid
“Los jueces deberían saber que el ’software’ existe y la forma en la que está configurado”
Luis González Ramos / catedrático d. penal
“Debe estudiarse la constitucionalidad de esa ley, porque es ordinaria y no orgánica”
Ángel Dolado / decano de Zaragoza
“Debería haber una norma con rango de ley orgánica que garantice todos los derechos fundamentales”
Fuente: La Gaceta
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