Hacienda mira para otro lado

                                                    

1.500 personas han ocultado en Suiza entre 6.000 y 10.000 millones a las arcas públicas; no obstante, la respuesta de Hacienda hasta el momento ha sido tibia.

Escandaloso trato de favor a las rentas más altas
A finales de junio la Agencia Tributaria recibía del Gobierno francés una serie de listados en los que figuraban los nombres de unas 1.500 personalidades españolas de alto rango –políticos, empresarios, banqueros, etc.– poseedoras de cuentas opacas en la filial suiza del banco británico The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). La ‘pillada’, que proviene del robo de las listas por parte de un empleado del banco, podría definir el paradero de entre 6.000 y 10.000 millones de euros ocultados a las arcas públicas desde 2005, el primer ejercicio sobre el que hay información.

La reacción hasta ahora de la Agencia Tributaria ha sido más bien tímida. En primer lugar se conminó a los implicados en el escándalo a que regularizaran su situación antes del 30 de junio para evitar una sanción administrativa. Una suerte de amnistía fiscal que, a juicio de Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la Gestión Pública (GESTHA), supone un “trato de favor especial respecto al resto de contribuyentes”.
Cruzado resalta la anormalidad en la actuación de la Hacienda española, asegurando que existe “una doble vara de medir”, pues lo lógico sería que la Agencia Tributaria “comenzara a abrir procedimientos de inspección y remitiera a la Fiscalía los expedientes de las personas que pudieran haber cometido un delito fiscal”.
No saben, no contestan
Una vez pasado el plazo fijado, no han sido muchos los que han optado por regularizar su situación con las cuentas públicas. La mayoría de los implicados ha preferido no darse por enterada del requerimiento tributario hasta que Hacienda ha amenazado con hacer públicos los nombres en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma es muy posible que los implicados terminen por aceptarlo ya que, una vez pasada la fecha tope, no tiene mucho sentido optar por ignorar la llamada. El centro del debate está en que los técnicos e inspectores opinan que Hacienda se centra en imponer sanciones en función de los rendimientos del dinero localizado en Suiza, sin focalizar la investigación en el origen de los fondos hallados en el HSBC. Es difícil demostrar la procedencia del dinero sin investigar. En el caso de que se tratase de fondos no tributados, debería aplicarse un 43% de gravamen sobre ellos; sin embargo, las grandes fortunas podrían aducir que se trata de dinero ahorrado, con lo cual el tipo a aplicar estaría entre el 19% y el 21% para cantidades superiores a los 6.000 euros.
¿Se trata de un delito fiscal?
Aun cuando es muy probable que la mayoría de estos casos incurran en un delito fiscal –estipulado cuando la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros–, es difícil esperar la colaboración del HSBC, pues supondría un descrédito ante sus clientes, o de las autoridades suizas, habituadas a funcionar como un paraíso fiscal pese a los llamamientos del G-20 y la Unión Europea a que cambie esa situación. Los convenios de doble imposición que el país helvético ha firmado con Francia o Dinamarca podrían favorecer la colaboración en cuanto a la labor informativa pero no respecto a las averiguaciones fiscales. “Si no se investiga no se puede llegar a conclusiones”, resalta Carlos Cruzado quien también lamenta que “en un país donde el fraude y la economía sumergida están 10 o 12 puntos por encima de la media europea, la Agencia Tributaria mire para otro lado” a la hora de investigar.
El Gobierno asegura que, hayan cumplido o no con el requerimiento inicial, se aplicarán las multas que prevé la Ley General Tributaria en casos en los que se detecten indicios de delito fiscal y que oscilen entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada.
Esto suscita controversia por la contradicción que supone ofrecer primero una amnistía para quienes regularizaran su situación antes del 30 de junio y asegurar después que, en el caso de que se aprecie un delito fiscal, se procederá a sancionar en función de la Ley Tributaria. Otra posible consecuencia de la actuación de la Hacienda española es que prescriban algunos de los delitos en los que se hubiera incurrido, limitados a cuatro años en el caso de infracciones tributarias.
Liechtenstein 2008, otra amnistía
No es la primera vez que la Agencia Tributaria utiliza este polémico procedimiento de actuación en este tipo de casos. En 2008 se investigó a 198 españoles con cuentas opacas en el paraíso fiscal de Liechtenstein mediante datos obtenidos de una forma muy similar al caso suizo. En el caso de Liechtenstein apenas un 20% de los implicados terminaron regularizando su situación sin que finalmente se impusieran sanciones de gravedad al resto. Según Carlos Cruzado, el mismo método se ha aplicado también “en listados de operaciones hechas con billetes de 500 euros”. Además, la filial española de HSBC estuvo envuelta en el caso Gescartera hace diez años.

Fuente: Diagonal.
“La Agencia Tributaria mira para otro lado”
Juan Murillo / Madrid
Lunes 26 de julio de 2010.  Número 131

Bienvenidos a una verdad que la farmafia se empeña en esconder

El Dr. John Virapen trabajó por 35 años de su vida en la industria farmacéutica y ahora -fuera del negicio sucio- se decidió a hablar, a contarnos la verdad que se esconde tras esa verdadera mafia.

Bienvenidos a una verdad que la farmafia se empeña en esconder de nosotros, los consumidores, los mismos que sufren las consecuencias y que pagamos por enfermar y morir.

Video traducido especialmente para: http://detenganlavacuna.wordpress.com

193 millones:el precio de la "paz social"

Conozca lo que los dos principales sindicatos del país han recibido del gobieno. Es una suma millonaria que propicia que algunos mal intencionados sospechen que detrás de ese dinero está la famosa "paz social". ¿Puras conjeturas?

Las malas lenguas dicen que Rodríguez Zapatero ha conseguido el apoyo sindical a base de suculentas subvenciones. Sólo en 2009, los dos principales sindicatos recibieron 193 millones. Nada ha importado la crisis, el paro y el enorme déficit del Estado a la hora de repartir este dinero.
El Gobierno ha sido muy equitativo puesto que ha repartido esta cantidad casi por igual a UGT y CCOO. La organización de Méndez recibió 96.117.904,59 euros y un poco más, 96.183.980,70 euros, el de Fernández Toxo.
Sin embargo, lo más grave se desprende al conocer que este dinero dobla al que recibieron estos sindicatos en el ejercicio interior. En tiempos de crisis, mayores subvenciones, es lógico para entender el capitalismo.
Este dinero sólo incluye las subveniones directas publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Por ello, habría que sumar las cantidades que otorgan las diferentes comunidades autónomas y las ayudas que reciben las fundaciones de estos dos sindicatos.
¿Y en Grecia? CC.OO y UGT muy solidarios, pero..
Lo importante es que no cunda el pánico y que no haya efecto contagio. Ambos sindicatos se esfuerzan a diario en explicarnos que España no es Grecia, que la paz social está por encima de todo. Sus dirigentes repiten en cualquier micrófono que una huelga general no sería positiva para crear empleo. Dicho esto apoyan las huelgas generales de Grecia (ya van cuatro desde febrero), desde lejos no hay problema para apoyar. Otra cosa es convocar movilizaciones de apoyo a la lucha de los trabajadores griegos para una hora a la clase obrera en solidaridad con Grecia. Eso serían palabras mayores, y no hay caballo para tanto trote.
Y, por supuesto, condenar la violencia que eso siempre tiene su apoyo social y el beneplácito de los medios.
En efecto, CC.OO. lamentó la muerte de tres personas en las movilizaciones de ayer en Grecia para protestar por el plan de austeridad de 30.000 millones de euros del Gobierno de Georges Papandreou, y condenó la violencia de grupos "violentos ajenos" a los sindicatos griegos.
   "Es inaceptable que aprovechándose de la masiva respuesta sindical, grupos de personas, ajenas a las organizaciones convocantes y a las demandas reivindicativas de la huelga general, tiñan de luto una jornada que fue un éxito de participación de los trabajadores griegos", resaltó el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo en un comunicado.
La reforma que viene...

Mientras, siguen tejiendo una reforma laboral que satisfaga a empresarios y gobierno. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, manifestó su confianza en que su formación y UGT podrán presentar un acuerdo "importante" con la CEOE en un "espacio corto de tiempo".
"Como ya hemos tenido varios reveses, prefiero no generar expectativas que luego no se puedan cumplir", matizó Toxo, en referencia al sonado fracaso que protagonizó el diálogo social tripartito en julio de 2009. El líder sindical, que participó en un seminario europeo sobre el mercado laboral, confirmó que sindicatos y patronal han "acelerado" la negociación bilateral para limar el pacto,

Un banquero de inversiones cuenta la verdad

Revelador documental alemán sobre los trasfondos en el mercado financiero y la bolsa contados por un insider que un día acabó harto (y muy rico). Actualidad de
primera para entender la hipercorrupción del sistema financiero internacional.

El objetivo de la teoría del calentamiento global es la creación de una nueva burbuja económica.

Al igual que Henry Kissinger y Margaret Thatcher, el ex vicepresidente estadounidense Al Gore también recurre a la retórica ambientalista. Ya el objetivo no es desviar la atención de las guerras que desata el imperio estadounidense ni restaurar la grandeza del Imperio británico sino salvar el capitalismo anglosajón. En esta tercera parte de su estudio sobre el discurso ecologista, Thierry Meyssan analiza la dramaturgia preparatoria de la Cumbre de la Tierra prevista para el año 2012 y la rebelión de Cochabamba.

En su filme «2012», Roland Emmerich muestra el derrumbe de la corteza terrestre bajo el peso de las aguas y el salvamento de los capitalistas más adinerados en dos modernas arcas de Noé mientras el resto de la humanidad sucumbe a los embates de las aguas.

El Protocolo de Kyoto

En 1988, Margaret Thatcher había incitado al G7 a financiar un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) [Conocido en español por sus siglas en inglés (IPCC) y como Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, denominación que utilizaremos en lo adelante en este trabajo. NdT.] bajo los auspicios del PNUMA y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
En su primer informe, en 1990, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático consideraba «poco probable» un claro aumento del efecto invernadero para «las próximas décadas o más allá». En 1995, un segundo informe de este órgano político se hace eco de la ideología de la Cumbre de Río y «sugiere una influencia detectable de la actividad humana en el clima planetario» [1].
Al ritmo de una al año, se suceden entonces una serie de conferencias de la ONU sobre el cambio climático. La de Kyoto, en Japón, elabora en diciembre de 1997 un Protocolo en el que los Estados firmantes se comprometen de forma voluntaria a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente las de dióxido de carbono (CO2) así como las de otros 5 gases: el metano (CH4), el protóxido de nitrógeno (N20), el hexafluoruro de azufre (SF6), los fluorocarburos (FC) y los hidroclorofluocarburos.

El presidente estadounidense Bill Clinton (aquí con su vicepresidente Al Gore) firmó con gran pompa el Protocolo de Kyoto, pero instruyó discretamente a los parlamentarios demócratas para evitar su ratificación en el Congreso.

En la medida en que el Protocolo de Kyoto incita a los firmantes a hacer un mejor uso de los recursos energéticos no renovables, su firma parece positiva incluso a los Estados que no creen en la existencia de una influencia significativa de la actividad humana sobre el clima. Pero parece muy difícil que los Estados en vías de desarrollo logren modernizar sus industrias para hacerlas menos consumidoras de energía y menos contaminantes.
Señalando que esos Estados, cuyas industrias se encuentran en estado embrionario, producen pocos gases de efecto invernadero pero necesitan ayuda financiera para poder dotarse de industrias limpias y poco consumidoras, el Protocolo de Kyoto instituye un Fondo de Adaptación administrado por el Banco Mundial y un sistema de autorizaciones negociables.
Cada Estado recibe autorizaciones para la producción de ciertos volúmenes de gases de efecto invernadero que pueden repartir entre sus industrias. Los Estados en desarrollo que no utilicen la totalidad de sus permisos pueden revenderlos a los Estados desarrollados que contaminan más de lo autorizado. Con el producto de la venta [de los permisos que no utilizan] pueden financiar entonces la adaptación de sus industrias.
La idea parece llena de virtudes. El problema está en los detalles. La creación de un mercado de autorizaciones negociables abre el camino a una financierización adicional de la economía y, partir de ahí, a nuevas posibilidades para proseguir el saqueo del que ya eran objeto los países pobres.
De forma totalmente hipócrita, el presidente estadounidense Bill Clinton firma el Protocolo de Kyoto. Pero instruye a los parlamentarios del Partido Demócrata para que no lo ratifiquen. El Senado estadounidense lo rechaza de forma unánime.
Durante el periodo de ratificación del Protocolo de Kyoto, Estados Unidos se dedica a organizar el mercado de autorizaciones negociables, a pesar de que su intención es de no someterse a las exigencias comunes hasta el último momento.
Una organización caritativa, la Joyce Foundation, subvenciona varios estudios preparatorios. La dirección de dichos estudios está a cargo de Richard L. Sandor, economista republicano que ha desarrollado una doble carrera como corredor (Kidder Peabody, IndoSuez, Drexel Burnham Lambert) y universitario (Berkeley, Stanford, Northwestern, Columbia).

El entonces desconocido jurista Barack Obama redactó los estatutos de la Bolsa Mundial de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero.

Bajo el estatuto de firma establecida según el derecho británico y la denominación de Climate Exchange [bolsa de valores sobre el clima], se crea un holding correspondiente a la modalidad Public Limited Company, lo cual implica que partes de dicha empresa pueden venderse a través de una oferte pública y que la responsabilidad de sus accionistas se limita a los aportes. El redactor de sus estatutos es un administrador de la Joyce Foundation, un jurista totalmente desconocido para el público llamado Barack Obama.
El ex vicepresidente estadounidense Al Gore y David Blood, ex director del banco Goldman Sachs, hacen un llamado público en busca de inversionistas.
Como resultado de dicha operación, Gore y Blood crean en Londres un fondo de inversiones de carácter ecológico denominado Generation Investment Management (GIM).
Para ello se asocian a Peter Harris (ex director del equipo de trabajo de Al Gore), a Mark Ferguson y Peter Knight (dos ex adjuntos de Blood en Goldman Sachs) así como a Henry Paulson (en aquel entonces director general de Goldman Sachs, puesto que dejará para convertirse en secretario del Tesoro de la administración Bush).
Climate Exchange Plc abre Bolsas en Chicago (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido), con filiales en Montreal (Canadá), Tianjin (China) y Sydney (Australia).
Al reunir las acciones bloqueadas en el momento de la creación del holding con las que posteriormente adquiere, después del llamado público, Richard Sandor llega a poseer cerca de la quinta parte de todas las acciones.
El resto se reparte esencialmente entre fondos especulativos millonarios, como Invesco, BlackRock, Intercontinental Exchange (donde el propio Sandor funge también como administrador), General Investment Management y DWP Bank. Su capital bursátil sobrepasa actualmente los 400 millones de libras esterlinas. Los dividendos que percibieron los accionistas en 2008 se elevaron a 6,3 millones de libras.
Ingenuamente, los miembros de la Unión Europea son los primeros en adoptar la teoría del origen humano del calentamiento climático y en ratificar el Protocolo de Kyoto. Pero necesitan a Rusia para ponerlo en vigor. Este último país no tiene nada que temer en la medida en que el límite que se le fija no puede perjudicarlo, dado su retroceso industrial posterior a la disolución de la URSS.
Sin embargo, no lo acepta fácilmente, para exigir a cambio el apoyo de la Unión Europea a su admisión en la Organización Mundial del Comercio.
En definitiva, el Protocolo de Kyoto no entra en vigor hasta 2005.

2002: cuarta «Cumbre de la Tierra» en Johannesburgo y recordatorio de las prioridades por parte del presidente francés Jacques Chirac

La cumbre de Johannesburgo, en Sudáfrica, no presenta para Estados Unidos mayor interés que la de Nairobi. La agenda estadounidense está orientada exclusivamente hacia la guerra global contra el terrorismo. Por lo tanto, las cuestiones medioambientales tendrán que esperar.
El presidente estadounidense George W. Bush ni siquiera asiste a la cumbre y solamente envía al secretario de Estado Colin Powell, quien pronuncia un breve discurso en lo que su avión calienta los motores para emprender el viaje de regreso.
En Johannesburgo, la conferencia abandona el ambiente festivo que había primado en Río y se concentra en temas precisos: el acceso al agua y a la salud, el agotamiento previsible de las fuentes de energía no renovables y el precio de esta última, la ecología de la agricultura y la diversidad de las especies animales. El clima es un tema entre tantos otros.

En Johannesburgo, el presidente francés Jacques Chirac se pronuncia por un cambio de prioridades. Lo urgente no es la búsqueda de Ben Laden sino el desarrollo libre de contaminación.

La cumbre se convierte bruscamente en terreno de confrontación cuando el presidente francés Jacques Chirac declara: «Nuestra casa está en llamas y nosotros estamos mirando hacia otro lado. La Naturaleza, mutilada y sobreexplotada, no logra reconstituirse y nosotros nos negamos a admitirlo.
La humanidad está sufriendo. Está enferma de maldesarrollo, tanto en el Norte como en el Sur, y nosotros nos mantenemos indiferentes» [2].
Su discurso suena como una acusación contra Estados Unidos. No, la prioridad no es perseguir a Osama Ben Laden. Es el desarrollo de los países pobres y el acceso de todos a los bienes esenciales.
Furiosos, los altos funcionarios de la delegación estadounidense sabotean las negociaciones. Enfrascada en la instalación del centro de tortura de Guantánamo y de prisiones secretas en 66 países, la administración Bush tiene sin embargo el descaro de dar lecciones al resto del mundo y condiciona todo compromiso estadounidense a la obtención de concesiones de los países del Sur en materia de derechos humanos y de lucha contra el terrorismo.
No se obtiene la adopción de ningún documento final de real importancia.

Copenhague, en espera de la Cumbre de la Tierra de 2012

2012 será el año de la quinta Cumbre de la Tierra y de la revisión del Protocolo de Kyoto. Pero Washington y Londres han decidido convertir la 15ª conferencia sobre el cambio climático en una gran cita intermedia.
La cuestión es que la nueva política anglosajona pretende utilizar el calentamiento climático para avanzar hacia la obtención de sus dos objetivos esenciales:
 salvar el capitalismo y
 apoderarse de la capacidad de la ONU de establecer el derecho internacional.
No hay más remedio que reconocer que la economía estadounidense está en baja y que no logra rebasar su crisis interna.
Los estadounidenses ya no producen prácticamente nada importante, con excepción del armamento, mientras que los bienes que ellos mismos consumen se fabrican en una China cada día más próspera.
La principal solución es un cambio del capitalismo. Es hora de reactivar la especulación orientándola hacia las autorizaciones negociables para contaminar, de reactivar el consumo con productos ecológicos y de reactivar el trabajo con los empleos verdes [3].
Por otro lado, como la resistencia a la globalización forzosa se hace cada día mayor es conveniente presentarla de otra manera para obtener su aceptación. Habrá que decir que las cuestiones medioambientales exigen una administración global cuyo liderazgo tiene que estar en manos de los estadounidenses. Y para lograrlo hay que demostrar la ineficacia de la ONU en ese sector.

Convertido en consejero especial de la Corona de Inglaterra, el ex vicepresidente estadounidense Al Gore obtuvo el premio Nóbel por su filme de propaganda «An Inconvenient Truth»

Una larga y poderosa campaña de propaganda precedió la conferencia de Copenhague, comenzando por el filme de Al Gore An Inconvenient Truth, (en castellano esta película lleva el título de: Una Verdad Incómoda) presentado en el Festival de Cannes de 2006, documental que le valió a Gore el premio Nóbel de la Paz correspondiente al año 2007.
El vicepresidente estadounidense, cuyo doble juego ante el Protocolo de Kyoto ya nadie parece recordar, se presenta ahora como un convencido militante que defiende su noble causa dedicándole benévolamente su tiempo libre.
En realidad, fue en calidad de consejero de la Corona británica, la verdadera promotora de la operación, que Al Gore realizó el documental y emprendió una gira promocional.
Al Gore es un especialista de la manipulación de las masas. Fue el organizador, a fines del siglo 20, de la campaña de alarmismo milenarista vinculada al llamado «error informático del año 2000». Suscitó entonces la creación de un grupo de expertos de la ONU, el Y2KCC –en todo sentido comparable al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático–, para ofrecer la apariencia de que existía un consenso científico alrededor de lo que en realidad no era otra cosa que la magnificación de un problema menor [4].
Varios filmes de ficción se agregan al documental de Al Gore. El PNUMA divulga mundialmente el filme Home, del fotógrafo francés Yann Arthus-Bertrand, el 5 de junio de 2009. Algo similar sucede con 2012, el filme hollywoodense del alemán Roland Emmerich, que presenta el derrumbe de la corteza terrestre bajo el peso de las aguas y el salvamento de los capitalistas más adinerados gracias a dos modernas arcas de Noé mientras que los pobres perecen bajo las aguas.
Aparentemente, la conferencia de Copenhague debía resolver la cuestión de los gases de efecto invernadero estableciendo límites para las emisiones y ayudas destinadas a los países en desarrollo.
La realidad es que Londres y Washington pretendían llevar a los europeos a reducir por sí mismos los límites establecidos en el Protocolo de Kyoto para aumentar así la cantidad de permisos negociables, y por consiguiente la especulación bursátil, y hacer fracasar la conferencia como medio de preparar a la opinión pública mundial para la adopción de una solución fuera del marco de la ONU.
El presidente ruso Dimitri Medvedev, perfectamente cómodo en medio de toda esta farsa, preparó una maniobra que puede resultar muy productiva para su país.
Decidió subir las apuestas eligiendo un compromiso espontáneo y radical. Anuncia entonces a los países de Europa occidental que Moscú apoya lo que ellos exigen y que reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero de un 20 a un 25% de aquí al año 2020 en relación con las emisiones registradas en 1990. ¿Quién da más? ¡Nadie!
El detalle es que entre 1990 y 2007 las emisiones rusas de gases de efecto invernadero se redujeron en un 34% como consecuencia al colapso industrial que se produjo en tiempos de Yeltsin. O sea, el supuesto compromiso del Kremlin [para la reducción de las emisiones] le deja margen… ¡para un aumento del 9 al 14%!

En violación de las reglas de las Naciones Unidas, Nicolas Sarkozy utiliza la urgencia climática para conformar un directorio encargado de redactar la declaración final de la conferencia de Copenhague en sustitución de la Asamblea General de la ONU.

De forma nada sorprendente, los anglosajones mueven sus peones utilizando al presidente francés Nicolas Sarkozy, enteramente satisfecho este último de verse en el papel de deus ex machina.
Sarkozy llega en medio de los debates, denuncia la falta de voluntad de sus homólogos y convoca una reunión no programada entre varios jefes de Estado y de gobierno [5].
Sin traductores, sentados en sillas incómodas, unos cuantos personajes se prestan para la maniobra. Garabatean en un pedazo de papes unas cuantas líneas de buenas intenciones y las presentan como la panacea.
«El planeta» ha sido salvado y… ¡cada uno para su casa!
El verdadero objetivo de esa farsa no es otro que preparar a la opinión pública mundial para las decisiones que habrá que imponer en la «Cumbre de la Tierra» de 2012.
Pero el presidente venezolano Hugo Chávez cuestiona la problemática de la cumbre, sin desalentar por ello a las asociaciones ecologistas que se manifiestan ante el centro donde se desarrolla la conferencia.
Hugo Chávez denuncia la maniobra de Sarkozy, que consiste en la redacción de una declaración final por un reducido grupo de Estados que se autoproclaman «responsables» para imponerla después al resto de la comunidad internacional.
El presidente de Venezuela denuncia una farsa destinada a permitir que un capitalismo sin conciencia logre escamotear sus propias responsabilidades y pueda presentarse como si estuviera libre de polvo y paja [6].
Chávez se hace eco de una de las consignas que gritan los manifestantes fuera del centro de conferencia: «¡No cambien el clima, cambien el sistema!»

Cochabamba, la antítesis de Copenhague

El presidente boliviano Evo Morales expone sus propias conclusiones sobre la cumbre de Copenhague. Para él está claro que las grandes potencias están jugando con el medio ambiente. Como ya viene sucediendo con muchos otros temas, las grandes potencias pretenden utilizar la cuestión del medio ambiente en beneficio propio y en detrimento del Tercer Mundo.
La presencia de una multitud de manifestantes fuera del centro de conferencias permite sin embargo abrigar esperanzas en cuanto a una voluntad planetaria muy diferente.
El presidente Evo Morales convoca entonces a una «Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra». El encuentro se desarrolla 4 meses más tarde en Cochabamba, Bolivia.
Sobrepasando todas las previsiones, más de 30 000 personas y 48 delegaciones gubernamentales participan en la Conferencia de Cochabamba. El ambiente de este encuentro recuerda a la vez el de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y el de las diferentes ediciones del Foro Social Mundial.
Lo que está en juego es sin embargo muy diferente.
En Río, la firma de relaciones públicas Burson-Marsteller había dado realce a las asociaciones como medio de legitimar las decisiones tomadas a puertas cerradas. En Cochabamba sucede lo contrario. Las asociaciones, excluidas del centro de conferencias de Copenhague, son ahora los actores de la toma de decisiones. La comparación con el Foro Social Mundial deja de ser válida.
El objetivo del Foro Social Mundial es ser la contraparte del Foro Económico de Davos y para ello se exila a sí mismo en el otro extremo del mundo, como recurso para evitar los enfrentamientos que ya se habían producido en Suiza. Lo que se cuestiona ahora es la ONU.
Evo Morales ha tomado nota del fiasco de Copenhague y de la voluntad de las grandes potencias de ignorar la autoridad de la Asamblea General de la ONU, así que convoca a la sociedad civil a unirse frente a los gobiernos occidentales.
El presidente boliviano Evo Morales y su ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, abordan las cuestiones medioambientales desde su propia cultura de indios aimaras [7].
Mientras los occidentales discuten para determinar hasta dónde hay que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para no perturbar el clima, el presidente de Bolivia y su ministro de Relaciones Exteriores señalan que si se piensa que esas emisiones pueden ser peligrosas, lo que se impone es interrumpirlas.
Rompiendo con la lógica dominante, Morales y Choquehuanca rechazan el principio de las autorizaciones negociables, estimando que no se puede permitir, y mucho menos vender, algo que se cree peligroso. A partir de ese razonamiento, el presidente boliviano y su ministro de Relaciones Exteriores se pronuncian por un completo cambio del principio fundamental.
Los Estados desarrollados, sus ejércitos y sus transnacionales han herido a la Tierra que nos alimenta, poniendo así en peligro a toda la humanidad, mientras que los pueblos originarios han dado pruebas de su propia capacidad para preservar la integridad de la Madre Tierra.
La solución es, por lo tanto, de orden político: hay que devolver a los pueblos autóctonos el manejo de los grandes espacios mientras que las transnacionales tienen que responder ante un tribunal internacional por los daños que han provocado.

La conferencia de Cochabamba confirma la capacidad de los pueblos autóctonos para hacer lo que los occidentales no han podido lograr. De izquierda a derecha, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, el ministro boliviano de Relaciones Exteriores David Choquehuanca y el presidente de Bolivia Evo Morales.

La Conferencia de los Pueblos celebrada en Cochabamba llama a la organización de un referendo mundial para la institución de una justicia climática y medioambiental y la abolición del sistema capitalista.
Siguiendo el mismo método ya tantas veces aplicado en numerosas cumbres internacionales que habían logrado escapar al control de los anglosajones, Washington desata de inmediato una campaña mediática destinada a desacreditar el mensaje de la conferencia de Cochabamba.
Dicha campaña deforma los razonamientos y el discurso del presidente boliviano Evo Morales [8].
Demasiado tarde. La ideología verde de Occidente ya ha perdido la unanimidad.

El árbol que no deja ver el bosque

En 40 años de discusiones de la ONU, las cosas no han mejorado sino todo lo contrario. Lo que se ha producido es un increíble acto de prestidigitación que resalta la responsabilidad individual mientras que pasa por alto las responsabilidades de los Estados y oculta la de las transnacionales. Como el árbol que no deja ver el bosque.
En las cumbres internacionales nadie trata de evaluar el costo energético de las guerras desatadas contra Afganistán e Irak, costo energético que incluye el puente aéreo que transporta diariamente toda la logística proveniente de Estados Unidos hacia el campo de batalla, incluyendo la alimentación de los soldados.
Nadie se preocupa por medir la superficie habitada contaminada por las municiones de uranio enriquecido, de los Balcanes a Somalia y pasando por el Gran Medio Oriente.
Nadie menciona las áreas agrícolas destruidas por las fumigaciones en el marco de la guerra contra la droga, en América Latina o en Asia central; ni las áreas esterilizadas por el uso del agente naranja, desde la jungla vietnamita hasta los palmares iraquíes.
Hasta la celebración de la conferencia de Cochabamba, la conciencia colectiva olvidó las evidencias existentes de que los principales ataques contra el medio ambiente no son consecuencia de comportamientos individuales ni de la industria civil sino de guerras desatadas para que las transnacionales puedan explotar los recursos naturales, y de la explotación sin escrúpulos de esos mismos recursos por parte de las transnacionales que alimentan los ejércitos imperiales. Lo cual nos trae nuevamente al punto de partido, cuando U Thant proclamaba el «Día de la Tierra» en protesta contra la guerra de Vietnam.

Thierry Meyssan Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008)

La larga soga de la ejecución hipotecaria en España

OPINIÓN. ¡Qué mundo éste! Por Alberto Montero
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

13/04/10. Opinión. “El Estado se pone al servicio de los intereses de las instituciones financieras (…) que sus terrenos se pueden depreciar, el Estado da una prórroga para que los pueda vender cuando las cosas mejoren (…) que sus deudores no pueden pagar la hipoteca, el Estado les obliga a devolver la casa y a seguir pagándola hasta el último euro junto a los intereses y los costes judiciales generados al arruinarles la vida (…) que fomentan una burbuja inmobiliaria promoviendo la especulación, la corrupción, la destrucción medioambiental y la ruina económica del país, siempre se podrá constituir un fondo de varios miles de millones de euros que pagaremos entre todos por si en algún momento se presentan problemas de liquideza”, destaca el profesor Alberto Montero en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

La larga soga de la ejecución hipotecaria en España

A nadie se le escapa que la crisis que estamos atravesando está dejando a sus espaldas más damnificados de los que el Gobierno y muchas instituciones económicas de prestigio inicialmente pudieron anticipar. Basta con ver como cada mes aumentan los datos del desempleo y los anuncios gubernamentales retrasan el momento en el que se prevé que la economía española comenzará a crear empleos para que, sin necesidad de ser excesivamente perspicaz, uno intuya que de este agujero nadie sabe aún ni cuándo y, lo que es peor, ni cómo va a salir España si no es esperando a que la recuperación externa acabe por inducir la nuestra.

PERO, además, ahora que el modelo se ha derrumbado, que el patrón de crecimiento sobre el que se ha sustentado el espejismo de la opulencia de los últimos años se ha desmoronado es cuando se comienzan a percibir alguna de sus perversiones más profundas.

MIENTRAS el sistema funcionaba como un mecanismo engrasado se ignoró intencionadamente que, al igual que no existe la máquina del movimiento perpetuo, no existen tampoco economías que no estén sometidas a fluctuaciones cíclicas, a periodos expansivos y recesivos. Y esa ignorancia inducida revistió tintes de perversidad cuando quienes la promovían eran economistas que deberían ser plenamente conscientes de que cuanto menor es la intervención pública sobre la economía -y en los últimos años ha habido mucho de ello- mayor es la intensidad de esas fluctuaciones.

EN el caso concreto que nos ocupa el sistema funcionó a pleno rendimiento porque la maquinaria de generación de opinión pública aliada con promotores inmobiliarios e instituciones financieras se encargó de instaurar en la conciencia colectiva una idea falsa que sirvió para engañar a miles de ciudadanos de este país: que el precio de la vivienda nunca bajaría y, por lo tanto, que la dinámica que impulsaba el precio de ésta al alza no tendría fin.

ESA mentira, difundida y amplificada por los medios de comunicación de masas, sirvió para que muchos ciudadanos adquirieran una vivienda al límite de sus posibilidades, endeudándose con unos horizontes temporales que, en muchos casos, se extendían casi hasta el límite de sus horizontes vitales. El temor a que los precios no dejaran de subir y, por tanto, a que el acceso a una vivienda se alejara con cada día que pasaba; la debilidad de la oferta de viviendas en alquiler a pesar del inmenso parque inmobiliario en construcción; y unas favorables, aunque coyunturales, condiciones de financiación estimulaban ese afán compulsivo por comprar un inmueble que durante años ha existido en España.

PERO, insisto, todo ello estaba construido sobre una falacia de la que eran sobradamente conocedores quienes no sólo tenían interés en el negocio sino quienes, además, se encontrarían en una posición privilegiada para defenderlo en caso de que las tornas cambiaran.

¿QUÉ quiero decir con ello? Pues, en roman paladino, quiero decir que las instituciones
bancarias y financieras -que saben perfectamente que el precio de cualquier activo que está sujeto al tráfico mercantil, incluido la vivienda, experimenta variaciones en su precio que no siempre son al alza-, engañaron a sus clientes instándolos a que se endeudaran de por vida comprando una vivienda que, llegados momentos de recesión, no podrían pagar e, incluso, no podrían vender para atender sus deudas.

QUE, además, sobre la base de ese engaño consiguieron que la demanda, a la que sobrealimentaban aligerando las condiciones para el endeudamiento, presionara constantemente sobre la oferta. Una oferta a la que, evidentemente, también financiaban para estimular la promoción y construcción de más viviendas.

QUE, de ello, la resultante fue el espejismo de un círculo virtuoso que un día devino en vicioso: el día en que los bancos dejaron de confiar los unos en los otros y el acceso a la financiación externa se cortocircuitó. Ese día el rey quedó al desnudo: los bancos empezaron a mirar hacia su ombligo, olvidaron que no sólo ellos estaban en dificultades y comenzaron a pedir que los ayudaran porque ni habían actuado con la debida prudencia ni los multimillonarios beneficios que habían obtenido durante los años de la bonanza habían sido reservados para cuando llegaran las vacas flacas sino que se habían repartido a espuertas entre sus accionistas y directivos.

PERO que todo ello lo hicieron, además, y aquí viene la madre del cordero, favorecidos por una legislación hipotecaria que, de manera manifiestamente injusta, distribuye la carga de los errores en las asunciones de riesgo entre las partes a favor del acreedor y en flagrante perjuicio del deudor, esto es, en defensa de los intereses de los bancos frente a los de los ciudadanos.

Ejecutando a los más débiles

Y es que en estos días nos hemos encontrado con que, por fin, diversos medios están dando voz a las protestas de las miles de personas afectadas por una hipoteca (consultar enlace nº 1 al final del texto) que, ante la situación de crisis, no pueden seguir pagando y se ven obligadas a entregar su vivienda al banco sin que por ello quede cancelada su deuda.

UNA situación que no es excepcional si se tiene en cuenta que en 2008 se realizaron 58.000 ejecuciones hipotecarias; en 2009, fueron 114.000 y para 2010 se estima que se realizarán en torno a las 180.000 ejecuciones. Es decir, en tres años se habrán ejecutado unas 350.000 hipotecas o, lo que es lo mismo, unas 500 personas habrán perdido su casa cada día.

LA razón es que la legislación hipotecaria española permite que, en caso de ejecución de la hipoteca por impago, el inmueble pase a ser subastado y, si no hay oferta de compra, la propiedad sea adjudicada a la entidad bancaria al 50 por ciento de su valor de tasación, quedando pendiente de pago el resto del monto de la misma más los intereses y las costas judiciales generadas en el proceso.

EL resultado es que este procedimiento genera una doble condena sobre el propietario de la vivienda: no sólo se queda sin propiedad -que, en la mayor parte de los casos, es su vivienda habitual- sino que también continuará endeudado en tanto no liquide el 50 por ciento del valor de la hipoteca inicialmente contratada más todos los gastos añadidos.

A mí modo de ver la injusticia del procedimiento es manifiesta pero, por si acaso, la resalto en sus diferentes manifestaciones.

DE entrada, ¿cómo puede ser que en un acuerdo libre entre partes, en donde ambas deben realizar una valoración de los riesgos asumidos sobre la base de precios de mercado, la legislación sobreproteja no sólo a quien en mejores condiciones está para realizar la misma sino también a quien se encuentra en una posición de poder de cara a la finalización de la transacción?

ASÍ, no cabe duda de que el banco que concede la hipoteca tiene un conocimiento más preciso de la evolución de la actividad económica en general y de la situación del negocio inmobiliario en particular lo que le permite realizar una evaluación de los riesgos más aquilatada que la que puede hacer cualquier persona por muy elevado que sea su nivel de información. De hecho, esto le permite, además, incrementar las exigencias de colaterales cuando entiende que el riesgo de impago del cliente excede de lo normal, exigiendo avales adicionales a los peticionarios.

ADEMÁS, ¿cómo puede ser que en una sociedad capitalista de mercado se pretenda que el valor de tasación de una vivienda se mantenga inalterado desconsiderando las fluctuaciones del mercado cuando éstas son a la baja? ¿Es que el mercado solo es bueno cuando impulsa al alza los precios y es malo cuando lo hace a la baja? ¿Es que los costes de un derrumbe del mercado inmobiliario solo los deben soportar los ciudadanos hipotecados y no quienes les concedieron las hipotecas?

PARECIERA como si para los ciudadanos la caída del precio de la vivienda no supusiera una reducción de su riqueza y debieran asumirla como la resultante de un error en sus cálculos mientras que los bancos quedaran exonerados de las consecuencias de sus errores, de actuar como si los precios nunca fueran a bajar o no fuera a producirse otra recesión en este país que acabara provocando que muchos de esos clientes aparentemente solventes a los que concedieron una hipoteca pudieran perder su empleo y, con él, su fuente de ingresos.

NOS encontramos, así, con que los errores de previsión de uno y otro lado son tratados con manifiesta asimetría y, consiguientemente, se genera una situación de injusticia que, entre otros efectos, está provocando que gracias a esta legislación las instituciones financieras estén recomprando esos mismos inmuebles al 50 por ciento de su valor de mercado y dejando sin hogar y agobiadas por las deudas a miles de familias.

ELLO nos lleva a una cuestión más de fondo. Y es que una de las razones de ser del Derecho es precisamente la de contribuir a la superación de la ley de la selva, en la que se impone la voluntad del más fuerte, por un orden social más justo sustentado, entre otros elementos, por la protección de las partes más débiles en cualquier proceso de negociación. Baste como ejemplo el caso de la mayor parte de la legislación laboral desarrollada para tratar de proteger al trabajador frente al empresario y no porque se asuma que el segundo es intrínsecamente malvado sino porque la negociación inter pares es prácticamente imposible en ese entorno y, de darse, perjudicaría sistemáticamente a la mayor parte de los trabajadores.

SIN embargo, en el caso de la legislación hipotecaria la normativa introduce un claro desequilibrio en la atribución de los riesgos entre las partes contratantes y actúa claramente no sólo a favor de la parte que posee un mayor nivel de información previo de cara a la toma de decisiones sino, también, de la que mayor poder, en cualquiera de sus expresiones, posee.

SI la evolución de la legislación laboral, por continuar con el símil, hubiera seguido la pauta de la legislación hipotecaria, a estas alturas podríamos encontrarnos ante un ordenamiento en el que, tras el despido, el trabajador aún seguiría debiendo al empresario por la plusvalía no realizada o por las expectativas de venta no cumplidas.

Y todo ello porque al contrario de lo que ocurre en otros países como Francia, Inglaterra o Alemania, la legislación española no permite la dación de la vivienda en pago, es decir, que mediante la entrega de la vivienda que constituye la garantía del préstamo hipotecario éste quede saldado y ambas partes corran así con los costes de sus errores de cálculo y de su excesiva propensión al riesgo.

La banca nunca pierde

TODO lo anterior nos lleva a plantear, como hacíamos al principio, la perversidad intrínseca de un sistema que ha utilizado todos los resortes a su disposición para promover un crecimiento desequilibrado, sustentado en el sobreendeudamiento, al tiempo que, como los trileros, guardaba en la manga un as escondido por si cambiaba la coyuntura.

VENIR a hablar ahora del libre albedrío de quienes se endeudaron alegando que pudieron no haberlo hecho es puro cinismo. Cuando la información se ha sustituido por la publicidad y los medios de comunicación se convierten en amplificadores de un mensaje que acaba por distorsionar cualquier cálculo racional sustituyéndolo por impulsos condicionados al mejor estímulo del perro de Pavlov lo primero que hay que preguntarse es dónde queda ese libre albedrío.

PERO, además, seguir elogiando la libertad de mercado y defendiendo sus ventajas cuando el sistema jurídico te previene frente a los riesgos de sus fluctuaciones cuando éstas son a la baja es otra muestra más de ese cinismo tan común entre nuestros banqueros.

Y, finalmente, alegar que una reforma de la ley introduciría graves problemas de inseguridad jurídica (o, lo que viene a ser lo mismo, que podría dar lugar a una elevación de la tasa de morosidad) supone ya rizar el rizo de la desvergüenza sobre todo porque el patrón desde el que lo miden es el del grado de incidencia que las reformas legislativas tendrán sobre su cuenta de resultados.

ASÍ , no dudan en destacar la inseguridad jurídica que supondría una modificación de la legislación para evitar que miles de personas se queden en la calle pero no dicen nada al respecto cuando el gobierno introduce estos días una reforma en la Ley del Suelo, (consultar enlace nº 2 al final del texto) para prorrogar el plazo legal de tres años que tienen los propietarios de terrenos urbanizables (y ahora las instituciones financieras disponen de mucho) para comenzar a construir en los mismos porque, de no hacerlo, éstos pasarían a considerarse rústicos. La desclasificación de los terrenos conllevaría, evidentemente, la caída de su valor y, por tanto, obligaría a bancos y cajas a realizar mayores provisiones lo que tendría efectos inmediatos sobre su cuenta de resultados. Y eso, como es sabido, no puede tolerarse.

PODEMOS comprobar, entonces, como nuevamente el Estado se pone al servicio de los intereses de las instituciones financieras protegiéndoles de las pérdidas de valor de sus activos cualesquiera que sean los mecanismos que pudieran generar ese efecto.

QUE tus terrenos se pueden depreciar porque o los vendes en un mercado bajista o los desclasificas, no te preocupes que el Estado te da una prórroga para que los puedas vender cuando las cosas mejoren, no vaya a temblar tu cuenta de resultados mientras a tu alrededor cierra una empresa tras otra.

QUE tus deudores no pueden pagar la hipoteca que les concediste casi metiéndosela por los ojos, no te agobies que viene el Estado y les obliga a devolverte la casa y a seguir pagándotela hasta el último euro junto a los intereses y los costes judiciales generados al arruinarles la vida.

QUE fomentas una burbuja inmobiliaria promoviendo la especulación, la corrupción, la destrucción medioambiental y la ruina económica del país, no te deprimas que siempre se podrá constituir un fondo de varios miles de millones de euros que pagaremos entre todos por si en algún momento se te presentan problemas de liquidez.

ASÍ que yo creo que las cosas a estas alturas están ya meridianamente claras: no es que la banca gane siempre, que también, sino que es que ni siquiera le dejan perder.

CONSULTAR enlace nº 1 AQUÍ.

CONSULTAR enlace nº 2 AQUÍ.

PUEDE leer otros textos de Alberto Montero en su blog: La Otra Economía.

PUEDE  ver aquí anteriores artículos de colaboración de Alberto Montero:
- 21/01/10 La presidencia española de la Unión Europea: lo que mal empieza...
- 01/10/09  Políticas económicas frente a la crisis: ¿basta con volver a Keynes o hay que cambiar el mundo? 
- 02/07/09  ¿No era de izquierdas bajar los impuestos? 
- 10/06/09  El nuevo modelo económico: otro brindis al sol 
- 13/05/09  Hablemos de las pensiones

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Creo que es del ayuntamiento de Río de Janeiro, pero en realidad, da lo mismo de dónde habla. Es el Planeta entero.
¡Qué falta haría alguien así en España que les dijera a los corruptos del PP (ahora mismo) las verdades a la cara! En los últimos meses ante del comienzo del Nuevo Tiempo, los ladrones se pavonean ante la ciudadanía a la que roban sin vergüenza alguna, colocándose sus corbatas en señal de distinción.
Hay que ver a esta mujer hablar de la Canallada Política, de verdad. Lo dicho, unas cuantas Cidinhas en el mundo, capaces de sacar su ira en medio de las sonrisitas cómplices, es lo que hace falta.

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